La que se podría liar

El 28 de noviembre de 2,013 publiqué una entrada que se resume en pocas líneas:

– en 1,995 se obligó a que los compromisos de planes de pensiones de empresa se externalizaran, no quedaran en el balance de las mismas empresas. De esta norma quedaron exentos bancos, aseguradoras y sociedades o agencias de valores.

– en 2,013 se permitió que estos compromisos por planes de pensiones de empresas computaran como capital, junto a los Activos Fiscales Diferidos, o DTA en inglés.

Bien, en estos días sabemos que la Unión Europea está investigando si los Activos Fiscales Diferidos son ilegales según la legislación europea, si constituyen una ayuda pública ilegal.

Ahora viene lo que aún no se ha tocado: los compromisos por planes de pensiones, que también computan como capital.

Un paso atrás: la legislación europea prohibe la concesión de ayudas públicas a sectores específicos, salvo las excepciones que expresamente se definen. Una ayuda pública debe ser “general” y no aplicable a un sector concreto, digamos el financiero.

Si se permite que una cierta partida cuente como capital de máxima calidad, por ejemplo, este beneficio debería poder ser aplicado por todas las empresas, no solo las de un sector en concreto.

Y ahora voy al argumento en dos pasos:

– en 1,995 se obligó a la externalización de los compromisos por planes de pensiones, obligación de la que quedó exenta el sector financiero.

– en 2,013 se cambia la Ley para que dichos compromisos puedan considerarse capital de máxima calidad.

Si se está cuestionado si los Activos Fiscales Diferidos son una ayuda ilegal, se puede argumentar que la consideración de los compromisos por planes de pensiones, que solo pueden estar en el balance de empresas del sector financiero, son una ayuda pública que solo beneficia a un sector económico y, por tanto, también ilegal.