Me permito sugerir.

Además de incluir una clasificación de riesgo similar a la eficiencia energética de los electrodomésticos, ¿y si obligáramos a informar antes de la contratación de cualquier producto de las alternativas en el mercado, señalando claramente cuales son las mejores dentro de la categoría, cómo compara el ofrecido y que hubiera que dejar constancia por escrito de las razones por las que no se contrata la mejor alternativa?

Porque si hay sentencias que ya están considerando que en la venta de productos financieros se produce un asesoramiento implícito y la Ley 16/2,011 de 24 de junio de Contratos de Créditos al Consumo establece en su artículo 10 las obligaciones que “Cuando las entidades de crédito y los clientes decidan suscribir un contrato de servicio bancario de asesoramiento(…) La prestación de este servicio estará sometida al régimen de transparencia previsto en esta orden ministerial e implicará la obligación de las entidades de actuar en el mejor interés del cliente, basándose en un análisis objetivo y suficientemente amplio de los servicios bancarios disponibles en el mercado, y considerando tanto la situación personal y financiera del cliente, como sus preferencias y objetivos.”, sólo puedo sugerir que la firma del contrato de asesoramiento no sea opcional y cualquier suscripción de productos a través de la red de las entidades requiera el cumplimiento de esta disposición y se encuentre sujeto a todas las obligaciones inherentes al servicio.

Modo cínico on: a sensu contrario, en ausencia de contrato de asesoramiento, la entidad no tiene porqué actuar en el mejor interés del cliente ni está obligada a realizar un análisis objetivó ni considerar la situación personal ni financiera o los objetivos y preferencias.

Ahora todo cobra sentido.